El Pais. 23 oct 2013
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aunque se presenta como una reforma de la norma actualmente en vigor (LOE, 2006), representa un cambio de tal calado, que supondrá de hecho un nuevo marco, una nueva ley educativa, la séptima de la democracia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, defiende la reforma como el cambio necesario para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano (24,9%) y los mediocres resultados en las comparaciones internacionales.
Pero en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6.400 millones desde 2010), buena parte de la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos) perciben la propuesta como una adaptación a ese contexto, es decir, una norma para hacer una escuela low cost que dejará en la cuneta a muchos alumnos de sectores desfavorecidos. Precisamente el dinero para la reforma es una de las grandes preocupaciones de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP y también del Consejo de Estado. Y eso que durante el proceso el ministerio ha recalculado y multiplicado por cinco los cálculos iniciales del coste, hasta 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que deberían asumir en principio las autonomías.
Por otro lado, está el debate del catalán en las escuelas: según la norma, el Ministerio de Educación adelantará el dinero para pagar colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la concertada. Después, el Gobierno detraerá ese dinero adelantado de las transferencias presupuestarias a Cataluña. Además, durante el proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados, UPyD ha introducido un punto que dice expresamente que el castellano será lengua vehicular en toda España. Toda esta polémica está envuelta, además, en un contexto con frentes judiciales abiertos (el Supremo ha dicho que el castellano tiene que ser también lengua vehicular en Cataluña) y de un importante auge soberanista.
Los siguientes son los puntos clave de la reforma que está previsto que pase por el Consejo de Ministros este viernes tras sufrir importantes cambios desde su redacción inicial:
- El currículo. El Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas" (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso. Dependiendo de cómo se materialice finalmente, los repartos competenciales se pueden quedar como hasta ahora, sin embargo, el ministerio ha dicho en varias ocasiones que quieren poner coto a la dispersión de contenidos entre las comunidades para las materias troncales.
-Reválidas. En realidad, según numerosos expertos, lo que controlará lo que enseña en las clases, más que los currículos, serán las evaluaciones externas que los alumnos tendrán que pasar en cada etapa educativa: primaria, ESO y bachillerato. Las dos últimas serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando), pero la de primaria no lo será (esto ha cambiado durante la tramitación). En este caso, los resultados servirán para orientar a alumnos, profesores y padres y el examen será controlado por las comunidades, al igual que otra prueba que deben hacer los centros en mitad de primaria (3º, con ocho años) y a diferencia de las reválidas de los institutos, cuya redacción y control dependerá del ministerio.
Al final de la ESO (16 años), los que hayan aprobado 4º tendrán que aprobar la reválida para obtener el título de enseñanza obligatoria, Para obtener el título de bachillerato y poder acceder a la Universidad hay que aprobar la reválida. Las universidades podrán hacer pruebas de acceso para cada carrera si lo desean. Los que habiendo aprobado 2º de bachillerato no pasen la reválida, podrán acceder a la FP de grado superior. Este es el esquema que planteaba la ley aprobada en 2003 durante el Gobierno del PP, pero que no llegó a entrar en vigor.
El ministerio sostiene que este sistema de exámenes señaliza claramente “los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa”, incentiva “el esfuerzo de los estudiantes”, “garantiza al alumno, a su familia y a la sociedad un nivel de conocimiento adecuado” y da “transparencia” al sistema. Sin embargo, numerosas voces críticas advierten sobre lo extemporáneo de estos exámenes que pueden cortar la progresión del alumno y ahondar en la segregación que producen las otras medidas.
También se teme que estos resultados se utilicen para hacer clasificaciones de centros, algo que actual ley prohíbe expresamente por creer que deterioran el sistema en su conjunto, tirando para arriba de algunos colegios, pero dejando en la cuneta a muchos otros. El ministerio defiende la necesidad de transparencia y las bondades de la competencia entre escuelas para mejorar el sistema.
- Especialización y autonomía. Se promueve tanto la especializaciónde los centros en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán tener fondos extra). Unos y otros podrán hacer que la nota de los alumnos cuente hasta un 20% en el proceso de admisión en bachillerato.
Además, el anteproyecto reduce la capacidad de decisión de los padres y profesores a la hora de elegir entre los aspirantes a director, cuyos votos pesan ahora un 60% y pasarán a valer menos de la mitad. La misión de los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos y otros trabajadores, iba a reducirse solo a "evaluar" e "informar", pero finalmente aprobarán el presupuesto de los centros y las rendiciones anuales de cuentas. Además, los directores podrán exigir perfiles para los profesores que vayan a su centro y vetar a candidatos.
El temor es que la autonomía de los centros no sea real, sino que en realidad decidan todo las comunidades autónomas.
-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En 4º, los alumnos ya se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes. Es un paso más de lo que aprobó el anterior Gobierno socialista tras el debate del frustrado pacto educativo (con más optativas orientadas a una opción u otra en 4º de ESO), que ya cosechó críticas, por “segregador”, llegadas desde una parte de la izquierda.
Pero aún antes de 3º, en 2º de ESO, los alumnos que ya hayan repetido dos veces podrán pasar a la nueva FP Básica (nueva versión de programas de cualificación inicial), a los que se accederá generalmente al final de 3º (esto también lo preveía la reforma socialista). Estos programas son alternativas de dos años a la ESO en las que los chavales que van peor aprenden los rudimentos de un oficio (consiguen un certificado de profesionalidad del Ministerio de Trabajo). Los alumnos que aprueben estos cursos tendrán acceso directo a la FP de grado medio (otra rectificación en el proyecto tras numerosas críticas para que no se convierta en una vía muerta) y podrán presentarse a la reválida de la ESO para obtener el título obligatorio (posibilidad que los expertos consideran bastante ilusoria).
Además, también se adelantan a 2º de ESO los programas de atención a los chavales con problemas de aprendizaje (al contrario que los chavales que se dirigen a los PCPI, estos alumnos sí tienen una actitud positiva hacia los estudios), que actualmente se llaman Programas de Diversificación Curricular y se hacen en 3º y 4º de ESO. La propuesta es que se llamen Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y serían en 2º y 3º.
-Religión y Ciudadanía. Se recupera la materia alternativa a la de Religión (se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria) y se elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006. Ambas son reivindicaciones clásicas de los obispos españoles, introducidas tras un parón en la reforma, exigido por las comunidades gobernadas por el PP, para introducir algunas de sus demandas. Ambas asignaturas se colocarán también en el saco de las materias optativas, de tal manera que quien elija Religión podrá escoger también Valores como optativa.
- Concertada. Uno de los principios que van a regir el sistema escolares es "la libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”. Esta frase resume la esencia del conflicto que ha dividido la educación española del último siglo: la escuela concebida como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres. Una pelea ligada asimismo a la dicotomía entre escuela laica y católica, pues esta religión es la que ha controlado tradicionalmente la inmensa mayoría de los centros privados.
Además, se cambia el texto para rebajar la preeminencia legal de la escuela pública sobre la concertada. Se tendrá en cuenta “la demanda social” a la hora de planificar la oferta de plazas. Cuando la norma dice que las administraciones estarán obligadas a garantizar una plaza durante la educación obligatoria, ya no se especifica, como hasta ahora, que esa plaza tenga que ser pública. Además, se introducen entre los fines de la educación “la libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.
Asimismo, desparece la obligación de contar con una representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de los colegios concertados y la cláusula que dice: “El despido de profesores de centros concertados requerirá que se pronuncie previamente el Consejo Escolar del centro mediante acuerdo motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros”.
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